En España por real decreto, los documentos no redactados en castellano que deban surtir efecto legal en nuestro país deben estar acompañados de su traducción jurada correspondiente.

Esta deberá llevar la firma y el sello de un traductor jurado reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de su número de Intérprete Jurado. Esta verificación acredita la legalidad del documento en cuestión.